Jueves 9 Julio 2020

El doble rasero del 1º de mayo

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Ayer 1 de mayo, día internacional de la clase trabajadora, millones de trabajadoras tuvimos que quedarnos en nuestras casas por la prohibición de un derecho fundamental, el derecho de reunión y de manifestación, en base a la limitación de movimientos en el Estado de alarma decretado por el gobierno del PSOE, y Unidas Podemos.

Sin entrar en la legalidad, que es cuestionable porque el Estado de alarma no puede incluir la suspensión de derechos fundamentales (para eso se tendría que haber decretado el Estado de excepción) sí hay que decir que la prohibición de manifestaciones debidamente solicitas a las subdelegaciones del gobierno en todas las provincias del Estado y en las que se cumplían todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Sanidad, es una decisión del gobierno de Sánchez e Iglesias falta de equidad y una cacicada, puesto que el mismo día 1 de mayo se produjeron actos públicos sin cumplir las medidas de seguridad sanitaria exigidas por el Ministerio. De esto se puede desprender que la prohibición de las manifestaciones de las organizaciones sindicales el 1º de mayo no obedecen a criterios sanitarios, sino a criterios políticos, enmascarados en la pandemia y en un Estado de alarma que utilizado como Estado de excepción ante la pasividad de jueces, magistrados y todo el aparato judicial, cómplice del gobierno del Estado en la defensa de los intereses oligárquicos.

Y podemos definir las prohibiciones de manifestaciones como “falta de equidad” y “cacicada”, porque ese mismo día en Madrid, se produjo el acto de cierre del hospital de campaña situado en las instalaciones del IFEMA, protagonizado por la Presidenta de Madrid, Diaz Ayuso, y en el que se había invitado a todos los grupos parlamentarios de esta autonomía, a periodistas, medios de comunicación y a todo el PP, siendo transmitido en directo por Telemadrid como un acto político multitudinario para el ensalzamiento de la Presidenta de Madrid, Diaz Ayuso.

Al contrario de lo que sucede cuando un grupo de ciudadanas se intenta concentrar, o cuando las trabajadoras deciden movilizarse contra la explotación patronal, o cuando un ciudadano se salta las medidas de restricción de movimientos, en este caso, no había policía que multara a las asistentes ni a los organizadores, ni que impidiera un acto a todas luces ilegal. Todo lo contrario, la policía se limitó a hacer la función de guardia de seguridad de la organización.

Para colmo, la Delegación del gobierno en Madrid, dice que “ha ordenado la apertura de una investigación para determinar si se han podido vulnerar el decreto del Estado de alarma”. Nos extraña sobremanera que la Delegación del gobierno no supiera de la celebración de este acto, cuando todol los diputados autonómicos del PSOE y de PODEMOS lo conocían, al igual que todos los medios de información. Por eso es de extrañar que la Delegación del gobierno no enviara a la policía para impedir el acto, ni que esta identificara a los asistentes para proceder a la correspondiente multa.

En las imágenes emitidas por Telemadrid, así como las tomadas por los numerosos reporteros gráficos concentrados en IFEMA para dar cobertura mediática al acto, se puede observar a una gran cantidad de gente sin guardar el espacio de seguridad entre ellas, con abrazos besos y todo lo que conlleva un mitin político de campaña electoral.

COVID-19: Gestión territorial y de clase.

Analizando estos hechos, junto a otros como han podido ser la brutalidad y arbitrariedad policial en barrios obreros de distintas ciudades, la recentralización de competencias con la excusa de la gestión de la crisis, la salida de la burguesía madrileña hacia sus segundas viviendas en las zonas costeras, las andaluzas principalmente, los ERTEs presentados por empresas con beneficios multimillonarios, el desamparo en el que van a quedar miles de trabajadoras al agotarse los ERTEs o los subsidios por desempleo, el obligar a las trabajadoras a asistir a los centros de trabajo, con riesgo para sus vidas y para las vidas de sus familias...nos lleva a pensar que la gestión de la crisis se está realizando con un marcado carácter territorial y de clase.

Mientras que la clase trabajadora está sufriendo las consecuencias de una crisis motivada por un sistema capitalista en crisis permanente y que necesita cada día más avanzar en el expolio de los recursos materiales del planeta y en la explotación de los seres humanos para mantener la tasa de ganancia y poder continuar compitiendo en los mercados capitalistas, se ha puesto ha disposición de la banca y las grandes empresas una ingente cantidad de millones de euros para salvar el sistema y el Régimen del 78; un dinero procedente de un nuevo endeudamiento del Estado, que al igual que la crisis financiera del 2008, pagaremos las trabajadoras y las clases populares. A cambio, unos pocos millones de euros destinados a las trabajadoras que eventual o definitivamente han perdido sus empleos.

Que esta crisis se está gestionando desde los intereses de clase -para eso permitieron que llegara a la Moncloa Pedro Sánchez con el apoyo de Iglesias-, es tan evidente como lo sucedido ayer en Madrid con el acto del PP en el IFREMA, consentido por el gobierno de España.

Pero también se puede hablar de una gestión “territorial”, puesto que se han privilegiado intereses ideológicos como el de “Unidad de España”, centralizando las medidas a adoptar en el gobierno central, y aplicándolas de la misma manera en todos los territorios, negándose a gestionar la crisis en función de las características epidemiológicas de cada autonomía o cada comarca a pesar de que el centralismo se ha manifestado como un fiasco que ha provocado la expansión de la pandemia y ha imposibilitado que las autonomías y comarcas pudieran implementar medidas en función de su casuística particular, lo que ha redundando en más contagios y en muchos casos, medidas de confinamiento innecesarias, lo que ha perjudicado la vida de muchas ciudadanas y la actividad económica de pequeñas empresas y autónomos.

Los privilegios a la burguesía madrileña, permitiéndoles salir de Madrid hacia sus segundas residencias, contrasta con el riguroso control en los barrios obreros y zonas industriales y de servicios de las ciudades de la periferia.

En esta situación, echamos de menos un gobierno andaluz que enfrente al gobierno central en defensa de los ocho millones de andaluces que se han visto de alguna manera perjudicados por la gestión sanitaria, policial y económica de la pandemia. El “españolismo” del trifachito andaluz, ha hecho prevalecer su ideología centralista sobre las necesidades de las andaluzas; ha aceptado el recorte de competencias, ha renunciado a gestionar la crisis y ha renunciado a defender a los más de quinientos mil andaluces que se han visto afectados por los ERTEs. Y en esta situación, ni “socialistas” ni “podemitas” andaluces han intentado cambiar las cosas. Unos y otros, participan de la gestión de la Junta por omisión, por no presentar una oposición decidida, por no denunciar al capitalismo y al Régimen del 78 como los causantes de la crisis, acordando con el trifachito -incluido Vox-, negociaciones para un nuevo “Pacto de Antequera”, un pacto, que al igual que el pacto del 78 servirá para negar los derechos nacionales de las andaluzas, el derecho a la soberanía, a la autodeterminación y servirá para que nuevamente el pueblo andaluz sea amordazado, para que la paz social nacida del acuerdo entre políticos asegure el beneficio empresarial y la aceptación de nuevos recortes y nuevos padecimientos de la clase trabajadora. Pero de nada nos debemos extrañar, ese es el precio por los sillones en Madrid y en Sevilla; es el precio por entrar en el juego político de una falsa democracia donde las decisiones de calado se toman en otras esferas diferentes de las políticas, donde los sillones pasan por aceptar los límites impuestos por los intereses territoriales y económicos de la oligarquía española.

Y mientras tanto, la clase trabajadora continúa confinada, en sus casas, sufriendo la crisis sin el derecho a protestar, a reunirse, a manifestarse, mientras la burguesía se reúne en oficios religiosos y en actos políticos constituidos en espacios “sin ley”.

En homenaje a la clase trabajadora

EDITORIAL HOJAS MONFIES


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